UNDRR ROAMC: “Debe haber mayor articulación entre la ciencia y los tomadores de decisiones”

Dados los permanentes y crecientes aumentos de las amenazas, las vulnerabilidades y la mayor exposición, tenemos la obligación de articular los saberes de las ciencias aplicadas a la gestión de la reducción del riesgo y promover la creación de una ciencia del riesgo.  Así mismo, deberíamos crear un organismo público de alto nivel gubernamental cerca del Jefe de Gobierno Nacional para conducir una Política de Estado de Reducción del Riesgo.  

Otro punto importante para una reducción de riesgos más efectiva es la relación entre la Academia y el sector público. Vemos que son pocas las universidades que enseñan políticas educativas de RRD coherentemente con la agenda humanitaria, la urbana, el cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Así mismo, las resoluciones que se aprueban en las grandes asambleas no siempre se convierten en disposiciones y reglamentaciones nacionales. Más de la mitad de los países de América Latina y el Caribe no disponen de legislaciones actualizadas de RRD. 

Incluso, en esta pandemia nadie hace referencia al Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030), cuyo punto 17 recomienda prevenir medidas respecto de los desastres sanitarios y en el 30 i. la adopción de acciones sanitarias en tres niveles: primario, secundario y de terapia intensiva, el cual fracasó, como así también la falta de capacitación de personal especializado.  

La primera prioridad que cita el Marco de Sendai es la comprensión del riesgo, ya que después de más de 20 años aún no se ha instalado en la mente del político, y menos en la gente, la importancia de informar integralmente nuestras políticas y planes por el riesgo. Esta batalla de la incomprensión se debe librar a través de la implementación del eje de la educación en todos los niveles, en forma inter – trans multidisciplinaria; pasando de la creación de las bases de datos e informes a los métodos y tecnologías de modelación matemática. Cabe sumar la difusión del cómo y el cuándo para que el riesgo sea de dominio público. Esta es una labor de años. 

La tercera prioridad de Sendai es fomentar la inversión pública y privada que genere resiliencia. Se invierte muy poco en prevención del riesgo y hay un gran gasto en la respuesta, a medida que se acrecientan los desastres.  Esto tiene que corregirse. Por la experiencia que tenemos todos, los tomadores de decisiones públicas de políticas económicas no siempre están dispuestos a destinar recursos para algo que no saben si sucederá. Por ello, el financiamiento de la prevención queda en lista de espera. 

Para referirnos a la prevención ante la pandemia, debemos referirnos a un pedido hecho al G-7 por un grupo de entidades de alto nivel científico y académico, que incluyó a Mami Mizutori, Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, y que señaló que “el mundo no estaba preparado para el COVID-19. Pero que podríamos haberlo estado”. El documento añade que “la falta de preparación no puede ser una opción”.  

Educación y conocimiento son una función académica a llevar a cabo en todos los niveles universitarios, como lo hacemos en la Universidad del Salvador a través de im cnvenio con la OEA. La gobernanza es débil por falta de preparación de la autoridad pública. 

En síntesis: tenemos un largo camino para que los países de América Latina y el Caribe estén mejor preparados y que las profecías de Ban-ki Moon en el Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres (GAR 2013) y de Angela Merkel de que “lo peor aún está por venir” no se cumplan. 

En relación con la agenda científica que debemos desarrollar para acompañar el cambio de enfoque que propone el recién publicado Informe de evaluación regional sobre el riesgo de desastres en América Latina y el Caribe (RAR2021), debo decir que en primer lugar los Comités de Expertos, como el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) son escuchados, pero no implementados por países firmantes del Acuerdo de París. 

En la VI Plataforma regional de Cartagena y tercera reunión de alto nivel de Ministros se recomendó enfatizar la importancia de avanzar en el conocimiento sobre los fenómenos que generan pérdidas de vida y de infraestructura. Hasta el presente, en general, el enfoque científico referido a la reducción específicamente del riesgo ha sido tratado parcialmente y con insuficiente profundidad. Las ciencias por su propia naturaleza tienden más a profundizar el conocimiento científico que a la generalización.  

En cambio, la respuesta científica que necesita la reducción del riesgo debe ser multifacética y multidisciplinaria y solamente puede ser producida por la conjunción de institutos de Investigación que produzcan “inteligencia científica útil” para reducir el riesgo de desastre necesario para los tomadores de decisión gubernamentales tanto en tiempos normales como en condiciones de emergencia.    

De poco valen los informes de una disciplina si no están ligados  a un sistema integral y orgánico. Solo el Estado a través de sus Ministerios de Ciencia y Tecnología, las universidades con sus institutos de investigación y carreras de grado y algunos centros especializados, pueden brindar un servicio consolidado para reducir los riesgos de desastres. 

Otro aspecto que allana la relación científico/político es usar un lenguaje técnico único, comprensible, dirigido a los no científicos, que sirva para contactarse con las organizaciones locales y la población. 

Por último, estas investigaciones deben ser integrales y aplicadas según las características territoriales. Fomentar la investigación exige el auspicio, la voluntad política y el necesario financiamiento. El objetivo es promover el conocimiento científico sobre las causas de los desastres y los efectos poco tratados de reducir los riesgos dentro de sociedades cada vez más complejas. Esto exige una mirada holística, socializar cada ciencia, dar continuidad y reducir la incertidumbre.