El rumor del oleaje

La posibilidad de que ocurra un tsunami siempre está latente en Centroamérica, una región bordeada por los océanos Pacífico y Atlántico. Este evento es uno de los más devastadores: en los últimos 100 años, los tsunamis han cobrado más de 260 mil vidas, lo que supera a cualquier otro desastre producido por amenaza de origen natural.

Tomando en consideración la rápida urbanización y el aumento del turismo en las regiones propensas a estos, se estima que en los próximos 10 años más del 50% de la población mundial vivirá en áreas costeras propensas a inundaciones, tormentas y tsunamis. Los países de la región Centroamericana no se encuentran exentos de esta realidad y deben incluir planes y políticas de reducción del riesgo de desastres previendo tales escenarios.

Si bien estas políticas deben enfocarse en las medidas de preparación ante un evento de esta magnitud, tales como edificios resistentes, las mismas deberían incluir un enfoque para quienes deciden abandonar un lugar impactado y rehacer su vida en otro lugar.

Un enfoque para las personas desplazadas

Para Juan Carlos Méndez, asesor regional de la Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres (PDD), los miles de desplazamientos ocasionados en la región por los huracanes Eta e Iota en 2020, comprueba una vez más la importancia de que los países del área aspiren a una respuesta integral que aborde panoramas reales y previsibles de afectación a medios de vida familiar y comunal. “Las personas desplazadas enfrentarán escenarios de desplazamiento prolongado y requerirán soluciones duraderas”, asegura Méndez, quien celebra el desarrollo de ejercicios de simulacros de evacuación preventiva en el caso de un desastre de esta naturaleza.

Avances en la región

El último tsunami en Centroamérica ocurrió en el año 1992, en la costa nicaragüense del Pacífico, el cual afectó a más de 40 mil personas y a más de 20 comunidades. La amenaza, sin embargo, siempre está latente. El año pasado hubo alerta de tsunami en la región luego del terremoto en Oaxaca, México.

La oceanógrafa, profesora e investigadora en el Departamento de Física de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), Silvia Chacón-Barrantes, destaca que ya existen medidas puestas en práctica para mitigar los impactos de un eventual tsunami. “Nunca es posible decir que un país o una región está genuinamente preparada ante tsunamis. Pero nuestra región está mejor preparada ante tsunamis de lo que lo estaba hace casi 30 años, cuando experimentamos el tsunami más grande de la región (Nicaragua 1992), asegura Chacón-Barrantes.

Y la evidencia así lo muestra. En los últimos años, y como un ejemplo de cooperación internacional, los países de la región han logrado establecer puntos focales de alerta de tsunami ante la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (IOC/UNESCO), además que se han desarrollado protocolos de comunicación y proyectos de preparación.

Arnulfo Sánchez, presidente del Comité Nacional de Tsunami de Panamá, asegura que, si bien se han dado importantes avances en la región, como talleres comunitarios, mapeo y señalización, todavía se requiere de mayor instrumentación de monitoreo y trabajos comunitarios en preparación y respuesta. “La construcción de albergues es una tarea pendiente, ya que en el caso de un tsunami habría un enorme desplazamiento de personas, tal y como ocurrió durante los huracanes Iota y Eta”, afirma Sánchez.

Lo explicado por Sánchez subraya la importancia de tomar en cuenta los escenarios complejos, las amenazas múltiples y el riesgo sistémico. No solo hay que estar preparados ante la posibilidad de dos amenazas simultáneas (Eta y COVID-19, por ejemplo), sino también como los mismos interactúan entre sí, con efectos cascadas que repercuten en casi todos los sectores.

“Por su impacto en muertes y en pérdidas, en el desarrollo, y al tener en cuenta la rápida urbanización, los tsunamis merecen ser parte trascendental en la elaboración de políticas y planes de reducción del riesgo de desastres”, indica Raúl Salazar, jefe de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) - Oficina Regional para las Américas y el Caribe. “En este sentido, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030) es claro al respecto y propone promover la cooperación transfronteriza para crear políticas que faciliten la movilidad humana y así mejorar la reconstrucción y que las personas desplazadas puedan rehacer sus vidas”.

En 2020 hubo 4.5 millones de desplazados internos por desastres en América, la mayor causa de desplazamiento en la región, según información del Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC). Esta es una de las razones por las que el Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis (WTAD, por sus siglas en inglés), a celebrarse el próximo 5 de noviembre, tiene como enfoque principal este año la Meta F del Marco de Sendai, que recomienda “mejorar considerablemente la cooperación internacional para los países en desarrollo mediante un apoyo adecuado y sostenible que complemente las medidas adoptadas a nivel nacional”.

WTAD es posible gracias al apoyo financiero del gobierno de Japón, a quien le agradecemos el apoyo para realizar proyectos que promuevan la reducción del riesgo de desastres.